
Mediación
Penal
En el ámbito penal, la intervención presenta características diferentes a la mediación civil. No se trata de negociar la existencia del delito o sustituir las funciones de jueces y tribunales, sino de utilizar, cuando legalmente sea posible, mecanismos de justicia restaurativa orientados a la reparación de las consecuencias derivadas del delito.
El Estatuto de la Víctima reconoce el acceso a servicios de justicia restaurativa cuando se cumplen los requisitos legales, con especial atención a la protección de la víctima, su consentimiento libre e informado y la prevención de nuevos perjuicios.
Estos procesos pueden permitir abordar determinadas consecuencias personales, materiales o relacionales del hecho, favorecer la responsabilización y explorar formas adecuadas de reparación.
No todos los asuntos penales pueden someterse a estos mecanismos. La legislación establece requisitos y exclusiones específicas; entre otras, está vedada la mediación y conciliación en supuestos de violencia sexual y violencia de género.
Ámbitos de intervención: procesos restaurativos legalmente admisibles, reparación del daño, determinados conflictos derivados de hechos delictivos y otros supuestos en los que resulte jurídicamente posible recurrir a servicios de justicia restaurativa.